Por Darkshak Soto
Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público se notificó en las últimas horas de un fallo emitido por el pleno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que revoca el auto de formal procesamiento por el que el próximo 6 de enero de 2022 irían a juicio 10 exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) implicados un megafraude de 118 millones de dólares.
Se trata de Oscar Manuel Galeano Florentino, Luis Alonso Mayorga Gálvez, Fabricio Valentín Vásquez Sosa, José Humberto Lara Enamorado, José Manuel Espinal Rodríguez, Javier Rodolfo Pastor Vásquez, Nicolás García Sorto, Samuel Benjamín Bográn Fuentes, Oscar Arnaldo Carranza Rosales y José Hilario Espinoza Herrera, para quienes extrañamente se declaró “Con Lugar” una acción constitucional de amparo interpuesta por su defensa, mediante la cual se ordena sobreseerlos de forma definitiva, dejando sin valor y efecto el proceso que en fecha 4 de abril de 2019 había confirmado la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en
Materia de Corrupción.
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Por esta causa, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) desarrolló una investigación junto al equipo integrado de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción (MACCIH), en la que se recabó elementos suficientes para evidenciar que miembros de la junta directiva del IHSS, en el año 2010, conociendo y aprovechándose de la precaria y deficitaria situación financiera del Instituto, comenzaron el planteamiento de una supuesta necesidad de modernizar el equipo biomédico de los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
La discusión de esta modernización se llevó a cabo sin tomar en cuenta las reales necesidades biomédicas, de capacidad de infraestructura y de personal de la institución, para lo que se destinó un costo aproximado de 50 millones de dólares.
En ese contexto, se inició el proceso licitatorio de carácter internacional para la adquisición y mantenimiento de los equipos biomédicos, a pesar que por la compleja situación financiera, el mismo IHSS emitió una declaratoria de emergencia por medio del cual suspendió todos los procesos de compra, éste siguió en desarrollo.
La licitación, luego de la investigación, se determinó que fue diseñada para evitar la participación de empresas internacionales, al establecer requisitos que solo las nacionales podrían cumplir y que, aún para ellas, eran excesivos. Bajo esas condiciones en el proceso licitatorio solo participó la empresa DIMESA, la que es de destacar que no cumplió con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, con lo cual el proceso debió declararse desierto y realizarse uno nuevo.
No obstante, no fue así y la empresa fue calificada, aceptada su oferta y en abril de 2011 se le adjudicó un contrato por 95 millones 244 mil 166 dólares con 54/100, cantidad que representaba casi el doble del estimado inicial para este proceso (50 millones de dólares).
Sumado a ello, en junio 2012, la junta directiva del IHSS aprobó la modificación y ampliación del contrato por un monto de 23 millones 668 mil 761 dólares con 80/100, para hacer un monto final del contrato por 118 millones 912 mil 928 dólares con 34/100, cuando lo que correspondía era realizar un nuevo proceso de licitación.
Otro de los hallazgos más destacables es que el equipo biomédico ofertado y suministrado por la empresa tiene una sobrevaloración de 114 por ciento de los costos de mercado, aunado a que la entrega de este equipo se efectuó fuera de los plazos contractuales y en consecuencia el mantenimiento también se vio afectado, sin embargo, los pagos mensuales por parte del IHSS a la empresa no sufrieron retraso.
Un elemento que evidencia la no justificación del contrato es que después de más de siete años de otorgado el contrato, existe todavía equipo biomédico que no ha sido utilizado a la fecha y que se encuentra en bodegas.
Es así que, que el Ministerio Público presentó ante el Juez de Letras de lo Penal con Competencia Nacional de Corrupción requerimiento fiscal por los delitos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad, delitos que la Sala Constitucional les exoneró a los 10 exdirectivos (2010-2012), solo manteniendo el juicio firme contra el ex viceministro de Trabajo, Carlos Montes Rodríguez y el exdirector del IHSS, Mario Roberto Zelaya Rojas, lo que genera impunidad y hace que no impere la legalidad y la justicia.
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Fuente Ministerio Público
